Reforma en línea / 8 de febrero del 2010. Organizaciones de la sociedad civil exigieron al Senado que sea pública la comparecencia de los titulares de la PGR, Defensa Nacional, Marina, SSP que fue acordada hace una semana, tras la masacre de los jóvenes en Ciudad Juárez.

En una carta enviada a los legisladores, las asociaciones, entre ellas Cáritas Diocesana de Ciudad Juárez y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, también pidieron que durante el encuentro se redefina con objetividad la participación de las Fuerzas Armadas en la estrategia contra el narcotráfico.

"Sustituyen a los órganos encargados por la ley para la prevención y la investigación de los delitos, en lugar de ser una fuerza de apoyo, provocando con ello la constante suspensión de las garantías individuales sin la declaratoria expresa a que obliga la Constitución, lo que a su vez ha propiciado múltiples y graves violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas y de la población en general, en las localidades donde interactúan", mencionaron en la misiva, de acuerdo con un comunicado.

Los organismos expresaron que debe evaluarse la posibilidad de suprimir la figura del arraigo en la Constitución, ya que de lo contrario no sería efectiva la revisión del programa anticrimen gubernamental.

Apuntaron que la medida cautelar ha entorpecido la investigaciones de los crímenes y propiciado violaciones a los derechos humanos, que están impunes.

"El arraigo, en ocasiones en cuarteles militares al no existir la reglamentación correspondiente, predispone a la práctica de la tortura para arrancar confesiones, bajo la complicidad de la Representación Social, la Defensoría Pública y el Poder Judicial Federal, simulando la efectiva persecución de los delitos", manifestaron.

Se debe de discutir en la comparecencia, añadieron, la urgencia de frenar las violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, la desapariciones forzadas, cateos ilegales en casas, detenciones arbitrarias, la incomunicación y la tortura y otros tratos crueles.

Además, propusieron que en la reunión, la cual aún no tiene fecha, participen los legisladores de las comisiones de Derechos Humanos de las dos Cámaras.

MH

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